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Pago de la Diferencia

Pago de la diferencia impaga - Cualquier diferencia que surja entre el monto que debe de su contrato (más ciertos gastos) y el valor que obtenga su acreedor por la reventa del vehículo se llama “diferencia” o “déficit”. Por ejemplo, si usted debe $10,000 del auto y su acreedor lo vende por $7,500, la diferencia es de $2,500 más cualquier otro cargo que usted adeude bajo los términos del contrato. Dichos cargos pueden incluir los gastos relacionados al recupero del vehículo y los punitorios por la terminación anticipada de su contrato de leasing o por el pago anticipado del saldo de la financiación. En la mayoría de los estados, si su acreedor ha seguido los procedimientos adecuados para la recuperación y venta del vehículo, puede presentar una demanda en su contra reclamando esta diferencia impaga para cobrar el monto total adeudado. Similarmente, si el acreedor vende el vehículo y le queda un monto remanente después de descontarle al monto obtenido la cantidad correspondiente a la cancelación de su obligación contractual y a los gastos relacionados, debe pagarle ese monto, pero esta es una situación que se presenta con menor frecuencia.

Usted puede tener una defensa legal para contestar una demanda por diferencia impaga si su acreedor alteró el orden público para embargar o incautar el vehículo o no cumplió con el requisito de vender el auto de manera comercialmente razonable, o si esperó demasiado tiempo antes de demandarlo. Un abogado podrá informarle si tiene fundamentos para impugnar una sentencia por diferencia impaga.
Dispositivos electrónicos de desactivación

Algunos otorgantes de crédito que no le concederán la financiación para comprar su auto si usted no acepta que se le instale un aparato electrónico que impide el arranque del vehículo si no hace sus pagos en fecha. Dependiendo de los términos del contrato de préstamo y de las leyes de su estado de residencia, la utilización de este tipo de aparatos o dispositivos puede ser considerada como un recupero o una alteración del orden público. El criterio que apliquen las autoridades estatales con respecto al uso de estos aparatos podría afectar sus derechos. Si tiene alguna duda sobre el uso de estos aparatos, comuníquese con su agencia estatal de protección del consumidor o con un abogado.