Prestamo Negocio Pequeño Puerto Rico

Puerto Rico tiene una de las economías más dinámicas y diversas en América Latina. A mediados del siglo XX, la economía puertorriqueña estaba dominada por la agricultura, especialmente el cultivo de la caña de azúcar.

Sin embargo, una gran inversión en la infraestructura y extensos programas de incentivos han logrado transformar considerablemente la economía. Desde los 60, se han establecido en la Isla numerosas empresas multinacionales de las industrias farmacéutica, electrónica, textil, petroquímica, y más recientemente biotecnológica. Hoy en día, la manufactura y la industria de servicios (incluyendo el turismo) han reemplazado a la agricultura como principal productor de ingresos. Igualmente, el ganado y la producción de artículos lácteos reemplazaron a la industria azucarera como sector principal de la agricultura. La economía se desaceleró entre 2001 y 2003 debido a la desaceleración de la economía estadounidense. En 2004 empezó a recuperarse.

Los líderes del país intentaron desarrollar Puerto Rico por medio de la industria ligera, alta en mano de obra pero baja en capital. Este intento falló con la recuperación de los mercados europeos después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de la década de los 60 vio cómo el país se sumía en una bancarrota económica y política e intentó rescatar la economía por medio de la inversión en la industria petroquímica. Con la subida de los precios del petróleo realizada por la Organización de Países Productores de Petróleo, la industria petroquímica del País se vio sumida en una segunda crisis, lo que provocó que se revisara el modelo económico desarrollado hasta entonces. Los gobernantes lanzaron una tercera alternativa que era la extensión de contribuciones de las corporaciones privadas por medio de la sección 936 del Código de Rentas Internas. En 2005 venció el plazo dado a las empresas que se habían acogido al Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, sección 936. Hasta el presente no se cuenta con un programa de desarrollo económico coherente que resuelva el hueco que dejó el cierre de la 936. Sin embargo, algunos grupos políticos han planteado que la crisis existente en Puerto Rico sólo se puede resolver por medio de un desarrollo integral de la economía que envuelva la autosuficiencia agrícola junto con el desarrollo de industrias de alta tecnología pero que contribuyan a la economía del país por medio de las contribuciones.

El gobierno de Aníbal Acevedo Vilá introdujo cambios en los sistemas de impuestos para normalizar la carga y distribuirla más equitativamente a todos los sectores de la economía del país. Ejemplo de eso es la reciente creación de un Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) o "sales tax" que fluctuó durante los primeros meses después de ser establecido entre el 5,5% y el 7% (un 5,5% estatal y hasta un 1,5% municipal) sobre las compras y los servicios, pero que finalmente en 2007 fue unificado a 7% en todo el territorio. El IVU fue establecido con el fin de intentar aliviar los serios problemas fiscales que afectan a la Isla y evitar así una degradación en la escala de devaluación de los bonos de Puerto Rico, lo que de haber acontecido hubiera encarecido la financiación de los proyectos públicos. Este impuesto se equilibró con la eliminación del arbitrio del 6,6% que se cobraba en el punto de importación. Esto fue porque dicho sistema de arbitrios no era del todo fiable y era de conocimiento público que no percibía las cantidades que deberían haber entrado al erario, en su mayor parte por falta de personal para llevar a cabo inspecciones de carga y el tiempo que requería para estas inspecciones.

Otra razón por la cual se estableció el nuevo impuesto a la venta es para reducir de manera drástica la tan mencionada "economía subterránea", cuyo monto llegó a ser estimado por el Banco de Desarrollo Gubernamental igual al de la economía legal. Al requerirse el registro de todo comerciante para legalizar el cobro del IVU, se intenta reducir la evasión contributiva. También se han instituido otros cambios, tales como el alza de los servicios de electricidad y agua para lograr reducir los subsidios que se les daba a las agencias cuasi-gubernamentales que los administran bajo monopolio legal. Nuevamente la lógica es que estos servicios deben ser financiados a base del consumo en vez de subsidiarlo con fondos públicos, lo cual afectaba aún más el desbalance de la carga contributiva hacia la clase asalariada.

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